Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información

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Por: Pedro Tejeda

A partir de un tiempo para acá algunos conceptos se han puesto de moda en el campo de la gestión del Estado, han surgidos como cosas nuevas, como la panacea que resolverá los problemas inherentes a la corrupción en el manejo de los recursos públicos. Esto ha sido impulsado por una corriente denominada gobierno abierto. Entre esos conceptos encontramos los de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, y ética pública, etc.. Sin embargo, el uso de recursos ajenos siempre ha llevado consigo dichas cualidades, por lo que, mas que nuevos deberíamos decir ignorados. El marco conceptual del sistema de gestión de recursos ha sido el mismo siempre; que quienes administran las cosas ajenas lo desconozcan es otro tema. Pero si ahora lo recuerdan o lo han redescubierto, muy bien.

Por naturaleza propia la gestión de los recursos del Estado es un acto público, del dominio público de los ciudadanos, lo cual se deriva por la condición de socios de la organización estatal que tienen éllos y porque son los dueños del dinero, quienes lo han aportado mediantes pago de impuestos y otros. Eso sólo le da el derecho de saber en qué se usa sus dinero y cómo lo usan; también impone al gobierno el deber de informarlo.

La documentación de la planificación, de la ejecución y control de los recursos públicos, de su evaluación, así como también los registros contables, papeles de trabajo e informes de auditorías, tantos internas como externas, etc.,, constituyen las evidencias del buen o mal uso dado a los recursos, pués contienen los programas, proyectos y presupuestos donde se indican las metas, objetivos e indicadores gubernamentales. Mantener todos esos documentos a salvaguardas, actualizados y a disposición de los ciudadanos es responsabilidad de quienes gobiernan.

Sin embargo, en muchos casos esas evidencias no existen o son de malas calidad, en virtud de grandes deficiencias humanas, materiales y económicas que presentan los órganos responsables de ellas, entiéndase los ministerios, sus programas dependientes, la Contraloría General de la República –CGR- y la Cámara de Cuentas -CC-, entre otros. En consecuencia, las informaciones que brindan a los ciudadanos son opacas, no transparentes, informaciones que no revelan la verdadera realidad de los procesos ejecutados y sus resultados. Todo ésto motiva a diseñar formatos obligatorios para rendir las informaciones, lo cual no debe quedar al capricho de un funcionario de turno.

La información pública, como todo servicio, consiste en una serie de características, que entre otras, son las siguientes :

Oportunidad. Se refiere a que los informes resultantes de los procesos deben estar publicados en los portales, y en el tiempo reglamentado, y sus detalles y soportes entregados a los solicitantes oportunamente.

Periodicidad. La periodicidad de la publicación de los informes de gestión debe corresponder con el periodo fiscal. En cambio la entrega de detalles sobre los procesos debe ser a solicitud de los ciudadanos. Si en un mismo año intervienen más de un responsable, entonces, los informes deben hacerse diferenciados, delimitando las responsabilidades de uno y de otros.

Validación. Los informes anuales deben estar auditados por la C C, y por consiguiente, contener los hallazgos y la identificación de sus responsables personales.

Objetividad. Significa que la información exprese la realidad, de acuerdo con reglas consistentes en el tiempo y previamente establecidas.

Verificabilidad. Establece que la información pueda ser comprobada mediante pruebas de auditorías.

Comparabilidad. Consiste en que la información sea enfrentable con ella misma en tiempos distintos, a manera de conocer su evolución histórica.

Utilidad. Establece que la información sirva a los propósitos del solicitante o usuario. Esta característica resume todas las anteriores. La información es útil en la medida que reúne todas las demás características.

En conclusión, la información sobre el uso de los recursos del Estado es un servicio público, uno más, inherente y transversal a todas las entidades estatales y debe contener todos los elementos o características de la información. Una ley en ese sentido, no sería para dar derechos y deberes, si no para reconocerlos, reglamentarlos, y establecer sanciones a quienes incumplan la obligación de dar dicho servicio a los ciudadanos. Debe estar en la carta de servicios ofertados. Si estuviéramos en un restaurante, aparecería en el menú puesto en la mesa.