Ni borrón ni cuenta nueva; hay que frenar este mal.

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Cuando en las sociedades de manera permanente y prolongada se exhiben conductas punibles, y quienes las ostentan no son castigados, al contrario, de estas devienen asensos políticos, económicos y sociales, se consolida un régimen de impunidad, que produce una regresión en valores y principios. Por consiguiente, se aplaude lo malo y se censura lo bueno.

La nocividad de esta práctica se asemeja a un cáncer terminal, el cual trasciende toda barrera y hace metástasis en el conglomerado de órganos del cuerpo social, provocando la degradación moral generalizada, que se refleja en células de corrupción dispersas en los distintos sectores de la vida nacional.

Lo mencionado se refleja con notoriedad, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), año 2019, en el que en una escala de 0 a 100, en la cual 0 representa mayores niveles de corrupción e impunidad y 100 significa más honestidad en la administración del estado, la República Dominicana se situó entre los países de corrupción más exorbitante, con una calificación de 28 puntos, lo que nos coloca en este aspecto como el país No. 137 de 180 países, y con menor puntuación que el 78% de los países de la región.

Esto podría adjudicarse a la aplicación parcial y poco efectiva de los instrumentos legales para el combate de la corrupción, al contubernio de los actores del sistema judicial con quienes exhiben poder y a compromisos de clase gobernante con sectores cuestionados a cambio de financiamiento político. Además, al auge de una cultura de corrupción, cada vez más aceptada socialmente.

Cabe destacar, que no todos los hechos de corrupción se cometen de manera unilateral por funcionarios públicos, el citado estudio de Transparencia Internacional (TI), arrojó en sus resultados, que el 23% de los usuarios de servicios públicos pagaron sobornos en el pasado año.

Ademas de esta, otra modalidad de corrupción que se destaca en nuestro país, es el tráfico de influencia, mediante el cual una persona recibe un beneficio, no por mérito, trayectoria o preparación sino por cercanía y amiguismo.

A consecuencias de lo expuesto, nuestro país ocupa la posición No.78 de 141 países en materia de competitividad, según el Foro Económico Mundial (WEF). También, está entre los peores países en materia de educación, de conformidad con los resultados de la Prueba PISA, en la que se nos ubica en el puesto No.51 de 184 naciones analizadas. además de ser uno de los países con mayores índices de mortalidad neonatal y tener el quinto lugar de menor esperanza de vida en la región, según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Frente a este flagelo no podemos continuar aplicando la popular frase: “Al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga”. Cada vez que un funcionario público se beneficia de su vínculo con el estado, amplía la brecha de desigualdad y reduce las oportunidades colectivas. Este mal que carcome los cimientos del progreso y desarrollo de nuestra nación, debe de ser combatido de manera justa, pero inmisericorde.

Y no es que se inicie una cacería de brujas o una persecución política arbitraria, pero que todo aquel que ha malversado, dilapidado, enriquecido ilícitamente o practicado la corrupción en cualquiera de sus modalidades; sea sometido a la justicia, y sancionado con todo el rigor de la ley, respetando siempre el debido proceso.

Es muy lamentable, pero actualmente como país solo tenemos preeminencia en materia de impunidad y corrupción. El nuevo gobierno tendrá un gran desafío; cambiar esos paradigmas.


Rony R. Mata Valencio (Abogado)

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