La reforma al sistema judicial #2

0
21

 

 

En la pasada entrega nos referimos a los motivos declarados por el Poder Ejecutivo para justificar la anunciada reforma constitucional. Señalamos que si los propósitos son la consolidación de la independencia del ministerio público, esta se logra sin necesidad de modificar la Carta Magna. Efectivamente, robustecer su autonomía para el fiel cumplimiento de sus competencias en el ejercicio de la acción penal pública, puede alcanzarse a través de otras iniciativas legislativas.

 

Asimismo, indicamos que el afianzamiento de la independencia del Poder Judicial es posible a través de cambios a las leyes del  Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.

 

En efecto, la concepción de apoliticidad de los representantes del Ministerio Público está contemplada constitucionalmente (Artículo 172, párrafo II). Abarca a sus integrantes incorporados al sistema de carrera así como al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos que son de libre designación por parte del Presidente de la República.

 

La citada disposición constitucional permite al legislador ordinario robustecer dicho principio, contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público para instituir mayor rigurosidad en el cumplimiento de ese mandado. Cabe destacar, no todos los preceptos que regulan los órganos y poderes públicos deben figurar en el Texto Sustantivo, las leyes orgánicas operan como extensión constitucional, porque su aprobación exige una votación cualificada de los miembros de ambas cámaras.

 

Igualmente, puede incorporarse en la referida norma disposiciones rigurosas sobre los principios de inamovilidad, exclusividad y consecuentemente de la independencia de actuación de los funcionarios del Ministerio Público, que impidan al Poder Ejecutivo o cualquier otro poder del Estado, incluidos los poderes fácticos y de agencias extranjeras, irrumpir en las labores de dicho organismo.

 

Según se afirma, la reforma constitucional busca revisar algunas de las funciones de la Procuraduría General de la República. Para lo cual estarían proponiendo la creación del Ministerio de Justicia, que asumiría determinadas responsabilidades actualmente concentradas en el Ministerio Público. Empero, la creación de otro estamento burocrático en el sistema judicial no constituye una prioridad, tampoco justifica tocar la Constitución con tales propósitos.

 

Ciertamente, funciones que en la actualidad realiza la Procuraduría General de la República pudieran ser revisadas. En concreto, el sistema penitenciario debe transferirse a otra dependencia estatal que a tal efecto fuere creada, para lo cual no se requiere modificar la Constitución de la República.

 

En mérito de lo anteriormente señalado el párrafo II del Artículo 169 de la Carta Sustantiva dispone: “La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituya”.

 

Así las cosas, a partir de las propuestas que formule el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Económico y Social (CES), puede promoverse la creación mediante ley de una dependencia estatal para que asuma la administración, dirección y control del sistema penitenciario. Podría estar adscrita a la Procuraduría General de la República u otra institución con afinidad al sistema de justicia penal.

 

Ahora bien, la autonomía que más necesita el Ministerio Público es la que se deriva de sus potencialidades para cumplir con las funciones ordinarias de investigación y persecución del delito. En efecto, la reforma policial ha sido incorporada a las mesas temáticas del citado diálogo dirigido por el CES, sería saludable revisar las facultades investigativas del cuerpo policial y las áreas técnicas que están bajo su dirección.

 

Así, podrían impulsarse medidas concretas que permitan afianzar el control de la investigación por parte del Ministerio Público. Para lograrlo, se requiere reorientar, ampliar y equipar los laboratorios técnicos y forenses del Estado destinados a las investigaciones de los hechos punibles.

 

En una próxima entrega abordaré las reformas en el Poder Judicial.