Justicia y corrupción; Miriam Germán y la avocación

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Por: Anderson B. Vargas Franco *

La Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de un comunicado de prensa de fecha 31 de agosto de 2020, así como múltiples medios de comunicación, revelaron que el órgano de persecución que representa la sociedad se avocaría la investigación de notados casos de corrupción que estaban siendo conocidos por la Fiscalía del Distrito Nacional (FDN), donde fueron sindicados varios funcionarios de la gestión gubernamental 2012-2020, encabezada por el expresidente Danilo Medina.

Para la lectura de los no instruidos en la materia jurídica, existe la figura de la avocación, ¿pero en qué consiste? Avocar ¾verbo en infinitivo¾ consiste en subrogar “la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior”[i]; la avocación ¾sustantivación del verbo¾ es una decisión de “asumir los órganos superiores, cuando esté previsto en las leyes, el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente”[ii].

¿Y por qué se recurre a este instrumento de ley? Miriam Germán, máxima representante del Ministerio Público (MP), señaló en el referido comunicado de la PGR que los expedientes de corrupción presentados a la FDN estaban “de manera segmentada y sin criterio definido”, además; que “las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara”[iii].

Lo arriba enunciado, fueron los motivos que generaron la ejecución de la acción avocativa. Esta figura de derecho procesal consagrada en la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 30.10 dispone las atribuciones de la procuradora general, como la de:

Asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público. Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado.

Es importante destacar que esta herramienta jerárquica no solo está contenida en la ley del Ministerio Público, es establecida en otras normas jurídicas como la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública. Por lo ante expuesto surge la interrogante de que si es posible aplicar esta ley como refuerzo a la Ley núm. 133-11, y la respuesta es un contundente sí. La Constitución dispone en su artículo 170 que el “Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”.

En este sentido, ley de Administración Pública establece en su artículo 7, sobre órganos constitucionales del Estado, que sus principios:

… se aplicarán a los órganos que ejercen función de naturaleza administrativa en los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos y entes de rango constitucional, siempre que resulten compatibles con su normativa específica, no desvirtúen la independencia y las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de los poderes.

Aunque se señale el ejercicio de funciones administrativas, la avocación no necesita de validación de un órgano judicial, es decir, no está condicionada a la orden de tribunales o jueces, en un asunto interno, y por eso reviste de un carácter meramente administrativo, debido a que se fundamenta en la conveniencia institucional resolver un asunto con más experiencia y prontitud. Y como se observa, se cumple con el requisito de legalidad, haciendo que estas tres normas sean compatibles, además de que la acción jerárquica se rige por el principio de jerarquía que ordena la Constitución.

En ese mismo orden, el principio de competencia de la Ley núm, 247-12 establece que:

Toda competencia otorgada a los entes y órganos que conforman la Administración Pública comprende una facultad de actuar y una obligación de ejercerla bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia será irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo los casos de delegación y avocación.

Asimismo, el principio de jerarquía de la norma de marras, es claro cuando enuncia que los “órganos de las Administración Pública estarán jerárquicamente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión y control de los órganos superiores […]”.

Cubierto este aspecto, se evidencia que no existe discusión que confronte esta facultad con blindaje de ley de compatibilidad normativa, además, la Ley Orgánica de la Administración Pública dedica un apartado exclusivo sobre la avocación y su alcance en su artículo 77 destacando que:

Cualquier superior jerárquico podrá sin necesidad de norma habilitante previa, de oficio o a instancia de parte, avocar el conocimiento y decisión de un asunto concreto y determinado, incluso por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, que ordinariamente o por delegación sea de competencia de cualquiera de sus inferiores.

De inmediato, el artículo 78, que dispone la forma y requisitos, estipula que “la avocación requiere de un acto administrativo expreso y motivado dictado por el avocante que deberá ser notificado a todos los interesados en el asunto. Contra ese acuerdo no procederá recurso administrativo alguno”. Esto cumple perfectamente con lo dispuesto por el  artículo 30.10 de la Ley núm. 133-11, que exige la necesidad de un dictamen ¾ que constituye el acto administrativo¾ para proceder con la avocación.

Otra norma que entre al juego de la avocación es la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, la misma en su artículo 1 señala que tiene como objeto regular los derechos […] y las normas de procedimiento que rigen a la actividad administrativa. Dispone su artículo 2 que esta es aplicable a “todos los órganos que conforman la Administración Pública Central”.

Esta norma es un excelente componente del ejercicio de legalidad que realizan las instituciones públicas. Expresa el principio de juridicidad, contenido en la mencionada ley, que “toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado”, y esta coherencia es sostenida por otro principio de esta ley, que es del ejercicio normativo del poder:

En cuya virtud la Administración Pública ejercerá sus competencias y potestades dentro del marco de lo que la ley les haya atribuido, y de acuerdo con la finalidad para la que se otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o desviación de poder, con respeto y observancia objetiva de los intereses generales.

Esto también responde a otros principios instituidos en la norma mencionada, que son los de relevancia y celeridad, en los cuales se toman en cuenta la importancia y la trascendencia de los casos escrutados, así como el llegar a una solución rápida y oportuna a modo de respuesta a la sociedad, a la cual se le debe responder con criterios bien definidos que satisfaga las exigencias y los reclamos realizados en el tiempo establecido en las leyes, respectivamente.

Resulta sumamente importante que en el ordenamiento jurídico dominicano se puedan utilizar estos instrumentos de ley, ya que se cumple con el mandato constitucional de que se garanticen servicios públicos de calidad[iv], siendo la justicia es uno de los servicios en donde la ciudadanía ejerce más actividad por la importancia que esta reviste, de que sean sometidos conforme a les leyes quienes hayan afectado el erario y el interés público.

Acercamiento a la ciudadanía

Ha dicho Miriam Germán que como procuradora general tiene:

… la misión de reconectar a la Procuraduría General, a las procuradurías de cortes, a las fiscalías y a todas las áreas del Ministerio Público con el ciudadano y la ciudadana. Somos, como Ministerio Público, su puerta de entrada al sistema de justicia y debemos velar por la preservación de su integridad, sus bienes y sus derechos”[v].

En fin, estos lineamientos normativos son trascendentes y relevantes, ya que se corresponden con un reclamo social de castigar hechos punibles, de reafirmar la idea de que el crimen no paga. Del trabajo contra la corrupción y el crimen organizado que están realizando la procuradora general Miriam Germán y su equipo, se espera que sea contundente, ajustados al respeto del marco legalmente establecido, siempre y cuando los mismos correspondan a la justicia y el interés social de las dominicanas y los dominicanos.

Anderson B, Vargas Franco

* El autor es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FCJP-UASD), con estudios de diplomado en lavado de activos y extinción de dominio, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y maestrante en antilavado de activos y extinción de dominio en la FCJP-UASD, 1ra promoción 2020-2022.

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