Fiscalía ordena detener a expresidenta de Bolivia y opositores denuncian «persecución»

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La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la expresidenta derechista Jeanine Áñez y varios de sus ministros. Ella está con paradero desconocido, pero dos de sus ministros fueron aprehendidos, mientras la oposición denuncia persecución política.

El ministerio público evitó comentar sobre la medida, pero la televisión local emitió imágenes de la detención de dos de sus exministros: Alvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía.

Le exmandataria colgó en Twitter la resolución el fiscal junto al texto «la persecución política ha comenzado».

Lidia Patty, exlegisladora del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), denunció en diciembre pasado que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios de exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento del izquierdista Evo Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

La exdiputada del MAS presentó la denuncia por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Camacho aún no tiene orden de aprehensión y tras los incidentes de la fecha mandó una carta al presidente izquierdista Luis Arce para decirle que «es una mentira» el discurso oficialista de que hubo «un  golpe de estado» y le acusó de practicar «persecución política».

Acotó en la misiva que «los bolivianos no se quedarán de brazos cruzados ante el abuso» y aseguró que no dejará el país. Camacho ganó la elección del pasado fin de semana para gobernador de la rica región de Santa Cruz (este) con más del 55% de los votos.

 

– Al estilo de la dictadura –

 

Áñez -quien reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas tras elecciones calificadas de fraudulentas y quien ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020- afirmó en Twitter que «el MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones».

La exmandataria no ha sido hallada por la policía, mientras uniformados vigilan su residencia particular en la ciudad amazónica de Trinidad, capital del departamento del Beni, ubicada 600 km al noreste de La Paz.

La orden de los fiscales alcanza a sus exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa), Yerko Núñez (Presidencia), y los ya mencionados Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrígo Guzmán (Energía).

Estos dos últimos fueron los primeros en ser detenidos este viernes en Trinidad.

 

– Independencia y justicia –

 

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Senado y poderoso dirigente oficialista, Andrónico Rodríguez, señalaron que la justicia está actuando con independencia del poder político y negaron una persecución.

«Nosotros no podemos interferir en los casos que llevan adelante el Ministerio Público y la justicia. Son casos que ellos deben llevar en el marco de la objetividad y la independencia», afirmó Lima.

Andrónizo reiteró por separado la narrativa oficialista de que a fines de 2019 hubo un golpe de estado y acotó lo que está sucediendo ahora «no es persecución, es justicia».

 

– Protesta de opositores –

 

Los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron por separado las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.

«Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019», dijo Mesa en Twitter.

Quiroga, por la misma vía, señaló que se «desata cacería revanchista» y al mandatario Arce le dijo que «eres un aprendiz de tirano».

Un conglomerado de opositores había impulsado protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del oficialista Morales, quien buscaba un cuarto mandato.

Morales salió asilado a México y un mes después se fue a Argentina, donde estuvo refugiado hasta la llegada a la presidencia de Arce.

Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.

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