El control ciudadano.

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El Estado de Derecho está forjado en la noción de separación e independencia de los poderes públicos, para asegurar el respeto de los derechos fundamentales. Se funda en la soberanía popular, la cual se expresa a través de los mecanismos democráticos de participación, reconocidos por la Carta Sustantiva y regulados por las leyes.

 

La Constitución Política del país contiene un conjunto de mecanismos democráticos de participación directa de los ciudadanos, entre los que se destaca el referendo, plebiscitos y las iniciativas legislativas de carácter popular. Además, instituye procedimientos de control, pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, la separación de las funciones jurisdiccionales de aquellas que emanan de otras autoridades y garantiza la primacía de la Constitución.

 

También, incorpora mecanismos de fiscalización interna y externa sobre la Administración, y   mediante el órgano superior externo de control fiscal del Estado promueve el ejercicio de las atribuciones de control político y de fiscalización del Congreso Nacional. Reconoce el control social y el libre acceso a la información pública que en principio es extensivo a la sociedad en general.

 

La descripción de todos esos mecanismos de control plantea la interrogante si son eficaces y suficientes para garantizar la fiscalización de la función pública y la calidad de la democracia. Las distintas evaluaciones existentes, aunque pueda cuestionarse su rigor, dan cuenta de la escasa participación del ciudadano en el ejercicio de la democracia a través de los mecanismos formales existentes.

 

El empuje de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de su poder mediático, tampoco alcanza la más genuina representación, pues algunas son un simple puñado de individuos o están asociadas a intereses corporativos, y otras, según se afirma, son patrocinadas por instituciones y gobiernos extranjeros. Esto contribuye a que amplios segmentos de la población sean escépticos frente a las agendas de muchas de las entidades no gubernamentales.

 

Además, porque a pesar de su aparente accionar no partidista más de uno de sus directivos procuran posiciones en el Estado, promovidos por grupos políticos en el poder de turno.

 

Así las cosas, la ciudadanía en general, en especial sectores de clase media, y principalmente de profesionales, han dejado de ser meros espectadores. En forma espontánea van creando mecanismos individuales o en pequeños grupos para implementar vías de monitoreo en los principales estamentos oficiales. Este ejercicio ciudadano es saludable, pues permite igualar la información y generar sistemas simétricos de conocimiento general sobre el aparato estatal en cualquiera de los poderes públicos, además, contribuye a la gobernanza.

 

También, sirve para generar incidencia en la modificación y transformación de las prácticas de captura del Estado, promovidas por agendas económicas u otros intereses; para monitorear la gestión del sistema judicial; para contrastar las informaciones vertidas por las ONG; para conocer quién es quién y sus vínculos, como mecanismo de prevención de conflictos de interés; para crear una cultura de apertura institucional a través de mecanismos de participación más democráticos en órganos de consultas y decisorios, monopolizados por grupos tradicionales, algunos de ellos devienen en inorgánicos o simplemente perdieron la legitimidad de antaño.

 

El déficit de representatividad es creciente, además de los partidos políticos, en mayor medida ocurre en las asociaciones y gremios profesionales, los sindicatos y las organizaciones sociales. La desconexión con sus afiliados y la sociedad, alienta la proliferación de voces con las características supraindicadas, que mediante la participación cívica proactiva, propositiva y constructiva aportan al debate, sin que su afiliación o no a una organización política invalide sus opiniones, lo que se traduce en un mecanismo más eficaz de control ciudadano sobre la calidad de la democracia y la legitimidad de los actos emanados de los poderes públicos.

 

En efecto, es conveniente que más ciudadanos y sectores independientes ejerzan esos derechos, pues resulta beneficioso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el buen gobierno, máxime porque la clase gobernante es cada vez más dependiente de las élites económicas en un contexto de inmensos desafíos; por tanto, el control ciudadano es consustancial a la soberanía popular.