Crisis social y delincuencia. 

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por Hotoniel Bonilla

La comprensión de las causas de la delincuencia está estrechamente vinculada a factores relacionados con el pensamiento político de quienes administren el Estado, condiciones económicas y otros elementos utilizados para identificar el origen de las conductas delictivas, así como las formas de abordar sus consecuencias.

 

En el actual contexto, las proyecciones de crecimiento económico en la región para 2021 no son nada halagüeñas.  Se espera que alcanzar los niveles de actividad económica anteriores a la pandemia llevará varios años, lo que significa el actual periodo de gobierno estará marcado por una baja en el crecimiento de la economía, déficit presupuestario, aumento del desempleo, agudización de la pobreza y la desigualdad.

 

Así, la crisis económica en curso está incrementando en forma consistente la crisis de carácter social existente previo a la actual crisis sanitaria. Con tasas de desigualdad alarmantes dentro de un proceso firme de concentración de riquezas cada vez más limitado a pequeños círculos de élites económicas decididas a mantener el statu quo, con un control creciente de la riqueza nacional y de los estamentos fundamentales del país, mantenidos a través de personas interpuestas que se han mezclado en la  política con el propósito de  garantizar sus privilegiadas posiciones.

 

La mayor parte de los negocios que generan las grandes ganancias, algunas de ellas sencillamente escandalosas, como las del sector financiero y sus grupos satélites, ciertos importadores, el sector energético, entre otros, que se han expandido en las últimas dos décadas, provienen de esos grupos. No se perciben señales de cambios para controlar su concentración ni para generar mejoras en la estructura social, lo cual ha venido acelerándose debido a los bajos salarios y a un sistema de seguridad social medularmente injusto.

 

No obstante, en medio de esos niveles de desigualdad social crecientes, el enfoque oficial sobre la delincuencia, que se incrementa conforme crecen los factores socioeconómicos prevalecientes, está centrado en los individuos sin detenerse en las causas, antiguas y recientes, que originan el delito. Manteniendo medidas prejuiciosas que se extienden a los  estratos sociales medios que, fruto de la crisis económica y la consecuente pérdida de empleos, se encuentran en  condición de  vulnerabilidad.

 

El Gobierno ha anunciado un plan de seguridad ciudadana, dentro del cual se encuentra el denominado programa de desarme de la población, que presuntamente busca recoger las armas ilegales. Es fantasioso pensar que los delincuentes habituales entregarán sus armas de fuego de manera voluntaria, puesto que constituyen un instrumento valioso de subsistencia; tampoco lo harán los criminales que gozan de protección, por lo que dicho plan inexorablemente está  destinado al fracaso.

 

Lo primero es, para enfrentar la delincuencia existente debe generarse confianza en los organismos de investigación, que siguen sumergidos en el descrédito, fruto de actuaciones poco creíbles, tal como ocurre con los resultados de las investigaciones en torno a los hechos acaecidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, inicialmente calificados de sabotaje.

 

Así las cosas, la delincuencia común y el crimen organizado debe ser tratado en el marco de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que corresponde  diseñar al Ministerio Público. En cuanto a los nuevos factores que inciden en el incremento de la delincuencia, relacionados con la crisis social derivada de las dificultades económicas que atraviesa el país, la estrategia oficial debe ser reorientada.

Procede identificar los sectores que han sido privados de sus medios de subsistencia,  con énfasis en la población joven, en particular los trabajadores informales, independientes y pequeños emprendedores,  con el propósito de prevenir se inserten en actividades ilícitas, puesto que fueron  excluidos de los planes de ayudas directas implementados por el gobierno. Se estima, un 30% de la población económicamente activa está dentro de ese segmento.

 

Aplicar programas de financiamientos que permita a dichos sectores recobrar sus ingresos, diezmados por la pandemia, lo cual se agrava con los incesantes incrementos de los precios en los artículos básicos de consumo que afectan a la población. Los fondos para dichos programas provendrían de un impuesto especial  a las descomunales ganancias que han mantenido pequeños sectores de las élites económicas.

 

Ese impuesto de compensación social para impulsar la economía y prevenir la delincuencia debe establecerse tomando como parámetro los criterios utilizados por el G7, integrado por los países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Canadá), que en su más reciente reunión decidió aprobar un impuesto mínimo del  15% a las grandes multinacionales, por considerarlo de justicia fiscal.

 

El Gobierno no puede distraerse en programas infructuosos. Debe concentrar esfuerzos en crear políticas públicas capaces de revertir los factores que inciden en la juventud para embarcarse en la delincuencia, que son la desigualdad y la exclusión.

 

La aprobación para esos fines de un impuesto a las ganancias que han tenido los indicados grupos económicos, incluso en medio de la crisis sanitaria, sería un buen inicio. En especial porque en algunos casos las mismas provienen de las medidas oficiales aplicadas durante la pandemia, que han sido financiadas con el vertiginoso endeudamiento público que supera el 70% del PIB.